La Administración coincide con el sector en un 90 por ciento de sus propuestas para el Reglamento
Tras las propuestas del sector para el futuro Reglamento de Seguridad Privada, llegó el turno de conocer las consideraciones de la Administración sobre esas demandas, así como los avances que se están produciendo en la elaboración del documento de desarrollo de la ley.
El plato fuerte del III Congreso Nacional de Seguridad Privada consistía en desvelar las opiniones de la Administración en torno a las propuestas del sector para el nuevo reglamento y conocer un avance del contenido de esa norma. Para ello estuvieron presentes en la parte final del evento el vicesecretario general técnico del Ministerio del Interior, Antonio Cerrolaza; el comisario Esteban Gándara, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía; y el coronel César Álvarez, jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil.
El primero en intervenir en la mesa, moderada por Ángel Córdba, presidente del Congreso, y Antonio Pérez Turró, presidente de AES, fue Cerrolaza para explicar en qué consiste el proceso de tramitación del reglamento, es decir, las etapas que tendrá que superar hasta su aprobación. Según subrayó, el primer paso después de que haya un borrador es elaborar una memoria “especialmente compleja” que incluya un análisis del coste económico y el coste presupuestario del reglamento. “El económico se refiere al coste que la norma pudiera tener para el sector privado y el presupuestario es el coste que la norma pudiera tener para el sector público”, aclaró.
A continuación, se llevará a cabo un análisis jurídico-técnico del borrador por parte de la Secretaría General Técnica que, de aprobarse, daría lugar a la tramitación de la norma. “En ese informe se analizarán cuestiones de legalidad, el ajuste del Reglamento a la Ley de Seguridad Privada, en qué situación quedan las Órdenes Ministeriales de 2011, la redacción, aspectos formales, etcétera”, indicó Cerrolaza.
A este análisis le sigue un periodo de audiencia pública para conocer “tanto lo que opina el sector como la postura de los establecimientos obligados a tener medidas de seguridad”. En ese sentido, apuntó que, dado el calado de la norma, el Ministerio del Interior podría prolongar el periodo de propuestas más allá de los 15 días de plazo que se conceden en otras disposiciones.
El vicesecretario general técnico añadió que el proceso de valoración del borrador también incluye a un buen número de ministerios y algunos organismos del Estado. En total, el documento pasará por seis ministerios y varios órganos consultivos.
Así, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá que dar el visto bueno en cuanto a los procedimientos administrativos que implique el reglamento, así como analizar los posibles costes presupuestarios, las cargas administrativas o las competencias de las comunidades autónomas.
Igualmente intervendrán el Ministerio de Educación, en cuanto a las titulaciones del personal de seguridad privada; el de Empleo y Seguridad Social, para comprobar las formas de acceso a la profesión y las cualificaciones; el de Economía y Competitividad, para evitar más exigencias de acceso a las profesiones y mejorar la empleabilidad; el de Agricultura, dado que la ley contempla la figura de los guardas rurales; y el de Fomento e Industria, ya que existen muchas infraestructuras susceptibles de aplicar medidas de seguridad.
Además de estos ministerios, órganos como el Consejo de Estado, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) realizarán informes relacionados con sus competencias. La AEPD porque el reglamento contendrá referencias a la videovigilancia o los datos personales, mientras que la CNMC por las repercusiones que pueda tener en la competencia y los mercados. Sería necesario también el dictamen del Consejo de Estado, que analizará todos los informes recibidos y ofrecerá su conclusión.
“Cuando tengamos todo esto, nos reuniremos y le daremos forma definitiva. Esa tarea dependerá de lo bien que lo hayamos hecho antes. Si lo hemos hecho bien, es previsible que la Comisión de Subsecretarios del Consejo de Ministros le de el visto bueno”, finalizó Cerrolaza.
Avances actuales
Una de las cuestiones que mantiene en vilo al sector es la fecha en la que estará aprobado el nuevo reglamento. El comisario Esteban Gándara comenzó su exposición pidiendo calma en ese sentido puesto que se trata de un documento que “no es fácil” por su trascendencia y la complejidad de tramitación.
Gándara expresó, no obstante, la “voluntad inquebrantable” de la Administración por sacar adelante “un buen reglamento” y aseguró que tendrá “la misma impronta” que la nueva Ley de Seguridad Privada, por lo que aconsejó leer su preámbulo “porque ese será el espíritu” del futuro documento de desarrollo.
El comisario jefe de la UCSP expresó su intención de elaborar “el mejor reglamento posible”, para lo que contará con la participación de todos los actores a los que afecta la norma. Sin embargo, aclaró, “no todas las aportaciones tienen por qué prosperar, y eso incluye tanto las procedentes de la Administración como las de la Seguridad Privada”.
El jefe de la UCSP desveló que “ya existe un esquema normativo” para el nuevo reglamento y explicó su composición. La norma incluirá cuestiones generales y, a continuación, los aspectos relacionados con la colaboración y coordinación, las empresas, la investigación privada y los despachos de detectives, el personal, las funciones, los servicios y medidas, sujetos obligados, el control administrativo, el régimen sancionado y cuestiones complementarias. Esto último, que “no hay que confundir con cuestiones compatibles”, dijo, estará ubicado al final del documento para “tratar de perfeccionar todo lo anterior”.
Seguidamente, Gándara enumeró tres problemas “jurídico-técnicos” que se han encontrado los responsables de elaborar el reglamento. Uno de ellos está relacionado con las infraestructuras críticas, ya que la nueva ley regula cuestiones que se encuentran al margen de la seguridad privada. “Las infraestructuras críticas son el talismán que nos permite tomar decisiones so pretexto de su relevancia y, en consecuencias, el legislador quiere asegurarse de que cuando se trate de la seguridad en estas infraestructuras el prestador de servicios es fiable, de calidad”, apuntó el comisario.
Otra cuestión que presenta dificultades son los aspectos relacionados con la seguridad informática. “No tenemos experiencia normativa sobre la que caminar y tendremos que aplicar un método que se haga camino al andar”, afirmó.
Igualmente, se refirió a las dificultades que plantea la regulación de sujetos y medidas ya que el Reglamento es una norma jurídica que no regula cuestiones técnicas.
Tras explicar el estado actual de la futura norma, Gándara se refirió al documento de propuestas realizado por las asociaciones organizadoras del III Congreso Nacional de Seguridad Privada y Seguritecnia del que, aseguró, existe “un altísimo grado de coincidencia con el trabajo realizado”. “Si tuviese que tasarlo, diría que el consenso sería del 88,70 por ciento del trabajo realizado”, afirmó el responsable policial, quien opina que “para poder constatar ese grado de coincidencia” es importante que Administración y sector privado hayan trabajado por separado y expresado “criterios propios”.
Al final de su exposición, el jefe de la UCSP enumeró las cuestiones que aún faltan para conseguir el Reglamento definitivo: revisar el trabajo, unificar las propuestas sectoriales, integrar las aportaciones corporativas, elaborar la memoria que espera la Secretaría General Técnica, elevar el borrador, iniciar las consultas, redactar el Real Decreto y completar de esa manera la tramitación legal.
Valoración de propuestas
Junto con la Secretaría General Técnica y el Cuerpo Nacional de Policía también participa en la elaboración del reglamento la Guardia Civil a través del SEPROSE, en concreto de su jefe, el coronel César Álvarez. Durante su intervención, Álvarez expresó su valoración sobre cada uno de los bloques de propuestas de los organizadores del Congreso. Se detuvo especialmente en los aspectos relacionados con las empresas, la cooperación entre seguridad pública y privada y el personal.
Sobre las empresas, coincidió con el sector respecto a los ejercicios de tiro: “no debe realizar ejercicios de tiro más que aquel personal que haga servicios con arma y un porcentaje que cada empresa considere necesario para mantener la operativa y la capacidad para realizar nuevos servicios”, apuntó. También se mostró convencido de “flexibilizar la situación” en torno a los armeros y aligerar los trámites en la medida de lo posible. “Se incluirá la necesidad de certificación de los armeros, que ahora no había”.
Otra cuestión en el capítulo de empresas es el relativo a las actividades de seguridad informática. “Digamos cuáles son las actividades de seguridad informática, sin las que no podemos empezar a entendernos; establezcamos requisitos para esas empresas en función de los usuarios a los que presten servicio, y definamos qué es un incidente a reportar”, invitó a los presentes. En esa línea, consideró que la comunicación de los incidentes de este tipo han de dirigirse “a la Oficina de Coordinación Cibernética de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es la que se ocupa en este momento de la respuesta a incidentes de seguridad informática, junto con el CERT de Incibe”.
También apuntó que “existe un error de concepto” sobre el artículo 19.4 puesto que se refiere a sectores estratégicos y no a infraestructuras críticas. “La cuestión debe afectar a los operadores estratégicos, el concepto de infraestructuras críticas tendemos a manejarlo mal y deberíamos ser capaces de construir un bloque de protección sobre aquellas infraestructuras estratégicas que dan soporte a nuestros servicios esenciales; es decir, las infraestructuras críticas tienen su propia regulación, pero el resto de las estratégicas deben tener una protección que no debe ir en diferente dirección”, concretó Álvarez, que sugirió pedir a entidades certificadoras que acrediten que los operadores cumplen las exigencias legales.
En cuanto a la coordinación y colaboración, el jefe del SEPROSE se mostró de acuerdo con la propuesta de que exista una “ventanilla única” que ejerza de interlocutora entre esos dos ámbitos, “sin perjuicio de la ejecución descentralizada de los planes” de cada Cuerpo policial. Desde su punto de vista, el Registro Nacional es también un instrumento de apoyo a la colaboración “fantástico” y consideró positivo que esté centralizado en un órgano que permita a las Fuerzas de Seguridad acceder a él de forma sencilla y refleje “un mapa de servicios que permita saber cuáles se pueden utilizar”.
Sostuvo que en el esquema general de colaboración “tiene que haber un órgano en la Secretaría de Estado de Seguridad que asuma las funciones de ordenación y dirección del sector; los órganos de control, inspección, habilitación y demás serían las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil en nuestro respectivos ámbitos de competencia; y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno intervendrán en determinados procedimientos y autorizaciones”.
El jefe del SEPROSE indicó también que la Comisión Nacional es un órgano con un “tremendo poder de intervención en el sector”, pero “no se le presta la importancia que merece”. “[La Comisión Nacional] no puede ser un órgano de coordinación, pero sí de interpretación de las normas y de ayuda a los órganos inspectores para interpretar aquello que tendrán que denunciar”, sentenció.
En cuanto al personal, se detuvo en la protección jurídica de agente de la autoridad, que se aplicará “por supuesto cuando actúe conjuntamente con la Seguridad Pública; pero incluso cuando no haya miembros de las Fuerzas Cuerpos de Seguridad presentes, tendrá la misma protección siempre que se encuentre desarrollando planes de actuación contra determinados ámbitos de la delincuencia”.
Sobre los guardas rurales, indicó que “se ha hecho un esfuerzo por darles más protagonismo” en la nueva ley y añadió qué deben considerarse una figura diferente a la del vigilante de seguridad. “Hay que buscar un régimen de compatibilidades de sus funciones con otras no directamente relacionadas con la seguridad, pero que deben permitirse”, aseveró.
Al término de su ponencia advirtió de la necesidad de abordar los aspectos relacionados con la formación en seguridad privada con “un tremendo rigor”. “Asistimos a un momento en el que aparecen servicios nuevos, nuevas necesidades de formación y, en definitiva, vamos a tener que habilitar a personas para hacer determinadas cosas. Corremos el riesgo de que por prisas, dejadez o falta de rigor relajar los niveles y dar lugar a la aparición de cuestiones que no debemos permitir bajo ningún concepto. No podemos permitirnos relajar los conocimientos del personal”, finalizó Álvarez.
